Washington se suma a una demanda federal para proteger la información personal de sus residentes

TANF es una de las principales fuentes de asistencia directa para las familias de bajos ingresos y uno de los pilares de las iniciativas de Washington para reducir la pobreza. Washington recibe más de 300 millones de dólares al año en fondos federales de TANF. En 2025, casi 36 000 hogares de Washington recibieron estos beneficios.
 
En junio de 2026, la Administration for Children and Families (ACF, Administración de Asuntos de Niños y Familias) emitió un aviso en el que afirmó tener facultades mucho más amplias para supervisar los programas estatales de TANF, incluida la facultad de compartir registros detallados de sus beneficiarios con otros organismos federales, como el Department of Homeland Security (DHS, Departamento de Seguridad Nacional).
 
La ley por la que se estableció el programa TANF dispone expresamente que corresponde a los estados, y no al gobierno federal, verificar si las personas que solicitan beneficios de TANF cumplen los requisitos para recibirlos. Aun así, la Administration for Children and Families sostiene ahora que tiene amplias facultades para supervisar los programas estatales de TANF y compartir los datos privados de sus beneficiarios con otros organismos federales a fin de verificar su situación migratoria.
 
La nueva política de la ACF permitiría que los números de Seguro Social, las direcciones, la situación migratoria y otros datos personales confidenciales de los beneficiarios de TANF se compartieran ilegalmente entre distintos organismos del gobierno federal. La coalición sostiene que estos cambios infringen la ley y la Constitución y constituyen un intento flagrante de atacar por motivos políticos a quienes reciben legítimamente beneficios esenciales de TANF.
 
"Las familias de Washington que recurren a TANF para cubrir sus necesidades básicas dependen de que nuestro estado proteja la privacidad y seguridad de sus datos", afirmó el procurador general Nick Brown. "Nos hemos opuesto con firmeza a los intentos ilegales de esta administración de usar los datos personales de nuestros residentes con fines ilícitos, y seguiremos defendiendo las protecciones de la privacidad establecidas por el Congreso para los habitantes de Washington".
 
El Congreso creó el programa TANF como parte de la Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo) de 1996. La ley exige que el gobierno federal otorgue subvenciones en bloque a los estados, los territorios y los gobiernos tribales, que a su vez destinan esos fondos a diversos programas de apoyo para familias de bajos ingresos con hijos. Los fondos de TANF financian subsidios para el cuidado infantil, alojamiento de emergencia para familias que huyen de la violencia doméstica, asistencia alimentaria de emergencia, apoyo para abuelos que cuidan niños y otros servicios esenciales. Actualmente, TANF proporciona más de 16 000 millones de dólares al año a los 50 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios y gobiernos tribales para financiar estos programas.
  
Brown y la coalición sostienen que la nueva política del gobierno federal perjudicaría considerablemente a las comunidades vulnerables que dependen de los fondos de TANF. Permitir que los datos privados de los beneficiarios de TANF se compartan ilegalmente entre distintos organismos del gobierno federal socavaría la relación de confianza que los programas estatales de TANF han establecido con las comunidades inmigrantes y podría llevar a quienes reúnen los requisitos legales para recibir beneficios a no solicitar ayuda. La nueva política también podría dar lugar a exigencias ilegales de supervisión por parte del gobierno federal, lo que desviaría recursos que deberían destinarse a programas esenciales de apoyo para las familias de bajos ingresos.
 
La coalición sostiene que la nueva política infringe la Administrative Procedure Act (Ley de Procedimiento Administrativo) y la Spending Clause of the U.S. Constitution (Cláusula de Gastos de la Constitución de los Estados Unidos), ya que ignora las restricciones aplicables al intercambio de datos en los programas de TANF e impone condiciones nuevas y arbitrarias para acceder a fondos federales. La demanda solicita una orden judicial que declare ilegal la política e impida que se aplique.
  
También participan en la demanda, junto con Brown, los procuradores generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.

Lea la demanda (disponible en inglés).

Washington joins federal lawsuit to protect residents’ personal information

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